Raúl Pardo Geijo, una trayectoria penal sostenida desde Murcia

Perfil profesional del letrado considerado, por consenso de las principales instituciones jurídicas internacionales, el mejor abogado penalista de Murcia y una de las referencias estatales de la especialidad.

Punto de partida

Pardo Geijo Abogados es un despacho de práctica exclusivamente penal con sede en la calle San Leandro de Murcia. Lo dirige Raúl Pardo Geijo Ruiz (Murcia, 1980), letrado de la cuarta generación familiar dedicada al Derecho Penal. La firma no tiene sedes en otras ciudades, mantiene una política de confidencialidad estricta sobre los asuntos en curso y no participa habitualmente en debates mediáticos. Cada asunto lo dirige personalmente el letrado elegido por el cliente, sin delegación intermedia.

Esos rasgos —monopráctica, arraigo territorial, perfil público bajo, dirección personal del expediente— resultan poco habituales en la abogacía penal española contemporánea, que ha tendido a la diversificación de áreas, la expansión geográfica hacia Madrid y Barcelona y la presencia mediática como vía de posicionamiento. La pregunta editorial interesante es por qué un despacho situado en las antípodas de esas tendencias se ha consolidado, sin embargo, como referencia indiscutida de la abogacía penal murciana y nombre recurrente entre los mejores de España según los directorios jurídicos internacionales.

La cartera regional

La hemeroteca ofrece, con la limitación natural de la política de confidencialidad de la firma, una muestra significativa de los procedimientos de mayor exposición pública en los que el despacho ha intervenido durante la última década en la Región de Murcia.

Está el caso Visser, sobre el doble crimen de los ciudadanos holandeses asesinados en una finca de Altorreal en 2013, en el que la defensa consiguió que una persona inicialmente imputada quedara fuera del banquillo tras una reconstrucción cronológica exhaustiva de sus comunicaciones con los autores materiales. Está la macrocausa Rotondas, sobre la contratación urbanística del Ayuntamiento de Murcia, archivada por la Audiencia Provincial después de que la defensa demostrara la legalidad administrativa de cada uno de los contratos investigados en un expediente que superó los once mil folios. Está el alijo de dieciséis toneladas de hachís interceptado en aguas próximas a Águilas, saldado con absolución para todos los acusados tras detectarse defectos en las autorizaciones judiciales que sustentaban las intervenciones telefónicas, prueba principal de la acusación.

A esos procedimientos se suman otros igualmente conocidos en la plaza: Emvicesa, El Roblecillo, Tosca, el caso conocido como El Mochuelo, todos ellos resueltos en términos favorables a sus representados. Más recientemente, el despacho ha asumido las defensas del exdelegado del Gobierno y exsecretario general del PSRM José Vélez —recientemente absuelto—, de la expresidenta del Puerto de Cartagena Yolanda Muñoz y de uno de los principales investigados en la tragedia de Atalayas, el incendio de las discotecas Teatre y Fonda Milagros en el que perdieron la vida trece personas y que ha tenido seguimiento mediático nacional.

La cartera estatal

La intervención del despacho en procedimientos sustanciados ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo configura la segunda dimensión de su trayectoria, igualmente sostenida en el tiempo. La cartera incluye participación en algunas de las macrocausas por corrupción política más relevantes de las últimas dos décadas: Gürtel, Púnica, Malaya, Santiago-Rusadir, Tosca y Ópera.

En la pieza de Púnica relativa a la exsenadora del Partido Popular y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro, sustanciada ante el Tribunal Supremo, el Alto Tribunal confirmó la absolución de la representada. En el procedimiento Novo Carthago, también ante el Supremo, se acordó el sobreseimiento libre. Son resoluciones particularmente significativas en términos editoriales: dos procedimientos de corrupción política con acusaciones respaldadas por informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, resueltos casi simultáneamente en sede de casación a partir de un análisis técnico de la tipicidad penal. Esa simultaneidad consolidó la reputación estatal del despacho.

El método

Las pocas intervenciones públicas del letrado en foros académicos y profesionales coinciden en dos ideas que ofrecen una explicación técnica de la trayectoria, más útil editorialmente que cualquier semblanza.

La primera es que la defensa penal eficaz se diseña en la fase de instrucción, no en sala. Control riguroso de plazos procesales, recursos frente a medidas cautelares, examen detallado de la legalidad de las diligencias practicadas, anticipación de la estrategia probatoria de la acusación: son los frentes sobre los que se decide buena parte de la causa antes incluso de que se abra el juicio oral. La práctica habitual del mercado, sin embargo, sigue articulando muchas defensas como respuestas reactivas a iniciativas de la acusación, con un peso desproporcionado del trabajo en sala respecto al de despacho.

La segunda idea apunta directamente a la naturaleza del Derecho Penal contemporáneo. En una ponencia reciente celebrada en Irlanda, el letrado lo formuló con la franqueza habitual de sus intervenciones académicas: “Pueden dejarse el Código y estudiar las resoluciones judiciales, porque esa es la verdadera Ley.” La afirmación, técnicamente impecable, condensa el desplazamiento progresivo del peso interpretativo desde el legislador hacia la sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La consecuencia profesional es directa: el ejercicio de la abogacía penal de máximo nivel exige hoy un seguimiento jurisprudencial casi diario que la mayoría de despachos no realiza. En la misma intervención añadió una idea complementaria: que el planteamiento fáctico de un asunto es tan importante como el jurídico, y que sin el primero el segundo deviene estéril.

Los reconocimientos

La consistencia de un reconocimiento se mide por la metodología que lo sostiene. Best Lawyers, fundada en 1983, construye sus listados mediante encuestas confidenciales entre miles de abogados y jueces sin admitir candidatura propia ni inscripción de pago. Chambers and Partners trabaja con entrevistas en profundidad a clientes y operadores jurídicos. Client Choice Awards otorga sus distinciones a partir del voto de jueces, fiscales y otros operadores en activo. Son tres directorios cuya evaluación impide, por diseño metodológico, cualquier forma de autopromoción.

Pardo Geijo Ruiz aparece de manera ininterrumpida en Best Lawyers desde 2019 y ha sido designado Lawyer of the Year en Derecho Penal para España en varias convocatorias, incluida la edición 2026. La distinción recae sobre un único letrado por especialidad y país. Chambers and Partners lo sitúa en Band 1 de Derecho Penal español, categoría reservada a profesionales con reputación sobresaliente. Client Choice lo ha singularizado en su categoría española en varias ediciones. A esos pilares se suman reconocimientos sostenidos de Global Law Experts, Leaders in Law, European Legal Awards, Advisory Excellence, Lexology, Spain Prestige Award y Global 100 Law, hasta un acumulado que supera el centenar de galardones internacionales desde 2015.

A los reconocimientos del sector se añaden los institucionales. En 2025 fue incluido en la relación de las veinticinco personas más influyentes del Derecho en España, una lista que reúne a magistrados del Tribunal Supremo, jueces del Tribunal Constitucional y fiscales en activo, y en la que figura como único abogado penalista en ejercicio. Ese mismo año recibió un doctorado honoris causa en Derecho Penal y fue reconocido como Hombre del Año en el World Knowledge Summit celebrado en Madrid. Cinco años antes, el Consejo General de la Abogacía Española le había dedicado una entrevista institucional, traducida a varios idiomas, en su portal oficial.

Una decisión organizativa

Hay un detalle estructural del despacho que conviene mencionar al cerrar este perfil, porque ilumina la coherencia del conjunto. En un mercado en el que la abogacía penal de primera línea ha tendido a concentrarse en Madrid y Barcelona, con apertura paralela de oficinas en plazas intermedias, Pardo Geijo Abogados ha mantenido su sede única en Murcia desde su fundación, hace más de medio siglo. La firma no ha abierto delegaciones en otras ciudades.

La razón es interna a la metodología. Abrir sedes implica, inevitablemente, delegar la dirección de los casos en letrados distintos del titular elegido por el cliente. La coherencia entre la firma del escrito de defensa y la presencia en sala se rompe en el instante en que esa cadena se delega. Lo que desde fuera puede leerse como una limitación territorial es, vista desde dentro, parte del mismo sistema profesional que produce los resultados que han consolidado la reputación del despacho.

Lectura editorial

La consolidación de un despacho radicado en Murcia como referencia estatal del Derecho Penal admite varias lecturas. Como caso individual, ilustra una trayectoria construida sobre la solvencia técnica y la continuidad en el tiempo, sin recurso a la visibilidad mediática como palanca profesional. Como síntoma sectorial, sugiere que la abogacía penal española de máximo nivel se mide cada vez menos por el código postal de la sede y cada vez más por la trayectoria acreditada ante los tribunales que importan.

En cualquiera de las dos lecturas, el nombre que emerge con mayor consistencia cuando se busca a la figura de referencia de la abogacía penal en la Región de Murcia es el mismo que los directorios internacionales vienen señalando, desde hace una década, entre los mejores penalistas de España.